Brasil reserva viviendas sociales para personas sin hogar: el giro histórico del programa Mi Casa, Mi Vida
Brasil ha dado un giro inesperado en su política de vivienda. El programa Mi Casa, Mi Vida reservará viviendas sociales para personas que viven en la calle, una decisión inédita que ya empieza a aplicarse en decenas de ciudades y que podría cambiar la forma en que América Latina aborda el sinhogarismo urbano.
Viviendas sociales del programa Mi Casa, Mi Vida, eje de la nueva estrategia de inclusión habitacional en Brasil. Imagen IA.
Brasil ha dado un paso sin precedentes en su política habitacional. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha decidido que al menos el 3 % de las nuevas viviendas del programa Mi Casa, Mi Vida se destinen a viviendas sociales para personas sin hogar en Brasil, una medida que rompe con décadas de exclusión estructural.
La medida se formaliza mediante una portaria conjunta del Ministerio de las Ciudades, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social, que establece un marco específico para las viviendas sociales para personas sin hogar en Brasil dentro del programa Mi Casa, Mi Vida. En una primera fase, unas 1.000 viviendas serán asignadas en 38 ciudades, acompañadas por programas de reinserción social y seguimiento institucional.
La decisión no es simbólica. Llega respaldada por una portaria interministerial oficial, publicada en el Diario Oficial de la Unión. Además, se integra dentro de una estrategia más amplia para combatir el sinhogarismo urbano en Brasil. En un país donde el déficit habitacional sigue siendo estructural, la iniciativa redefine el alcance real de la política pública de vivienda.
Mi Casa, Mi Vida: de programa habitacional a herramienta de inclusión social
El programa Mi Casa, Mi Vida ha sido históricamente el principal instrumento del Estado brasileño para facilitar vivienda subsidiada a familias de bajos ingresos. Relanzado en 2023 tras años de parálisis, el plan ya supera 1,5 millones de viviendas contratadas. Además, el Gobierno federal tiene como objetivo alcanzar casi 3 millones de unidades para 2026, según cifras oficiales.
Hasta ahora, las personas en situación de calle quedaban fuera del sistema. La exigencia de ingresos regulares, documentación administrativa o historial residencial las dejaba excluidas del acceso a vivienda social. Como resultado, se perpetuaba un círculo de marginalidad urbana difícil de romper. Este debate ya ha sido analizado en Habitaro en el contexto regional de la arquitectura social en Latinoamérica, donde la vivienda se entiende como una herramienta de inclusión urbana y cohesión social.
La nueva normativa rompe esa lógica. Reconoce que la vivienda no puede ser el premio final de la reinserción, sino su punto de partida. Este enfoque conecta con los debates contemporáneos sobre derecho a la ciudad y políticas urbanas inclusivas.
La reserva del 3 %: qué establece la normativa oficial
La medida se formaliza mediante una portaria conjunta del Ministerio de las Ciudades, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social. El texto establece la reserva obligatoria mínima del 3 % de las viviendas del programa Mi Casa, Mi Vida, en su modalidad FAR, para personas y familias en situación de calle.
Según explicó el propio Ministerio de las Ciudades en su comunicado oficial publicado en gov.br, la aplicación será obligatoria en 38 municipios prioritarios. Entre ellos se incluyen todas las capitales estatales y ciudades con más de mil personas sin hogar registradas en el Cadastro Único.
El texto legal deja claro que este porcentaje no es un máximo, sino un umbral mínimo. Los municipios deberán cumplirlo en los nuevos desarrollos habitacionales financiados por el programa.
1.000 viviendas en la primera fase y un impacto acumulativo
En la primera etapa, el Gobierno federal prevé la asignación de alrededor de 1.000 viviendas a personas sin hogar. Las ciudades seleccionadas concentran buena parte del sinhogarismo urbano del país. La incidencia es especialmente alta en grandes áreas metropolitanas como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte o Fortaleza.
Un análisis publicado por Poder360 subraya que el impacto real de la medida no está en la cifra inicial. La clave reside en su efecto acumulativo. Aplicada a una meta de casi 3 millones de viviendas, la reserva del 3 % podría traducirse en decenas de miles de hogares para personas que hoy viven en la calle antes de 2026.
Viviendas gratuitas y acompañamiento social obligatorio
Las viviendas destinadas a personas sin hogar estarán financiadas al 100 % por el Estado, sin coste para los beneficiarios. No se trata de créditos blandos ni de alquiler con opción a compra. Es una política de acceso directo a vivienda digna.
La adjudicación irá acompañada de programas de seguimiento social, atención sanitaria y apoyo psicológico. También se incluye orientación laboral. El Ministerio de Derechos Humanos explicó en su comunicado oficial publicado en gov.br que el objetivo es evitar el retorno a la calle y favorecer procesos de autonomía real.
Este enfoque se aproxima al modelo internacional Housing First. Además, conecta con experiencias regionales ya analizadas por Habitaro, como el alquiler social en Chile, donde la vivienda actúa como base de la integración social.
Retos urbanos y ejecución territorial
Desde el punto de vista urbano, la medida plantea desafíos relevantes. La integración efectiva de personas que han vivido largo tiempo en la calle exige proyectos bien localizados. El acceso a transporte público, servicios básicos y redes comunitarias será determinante.
Concentrar estas viviendas en periferias desconectadas podría reproducir nuevas formas de exclusión. Además, los municipios deberán reforzar sus equipos técnicos y sociales. La experiencia comparada muestra que sin acompañamiento sostenido, el riesgo de abandono de la vivienda aumenta.
Aun así, urbanistas y organizaciones sociales coinciden en que la decisión representa un cambio de paradigma dentro de la política habitacional brasileña.
Brasil en el contexto latinoamericano de vivienda social
El giro del programa Mi Casa, Mi Vida sitúa a Brasil en una posición destacada dentro del debate regional. Mientras muchos países de América Latina continúan centrando sus políticas en subsidios a la demanda o créditos hipotecarios, Brasil apuesta por una intervención directa sobre la oferta.
Este enfoque podría marcar un precedente regional. El sinhogarismo urbano crece de forma silenciosa en muchas capitales latinoamericanas. La experiencia brasileña será observada con atención por otros gobiernos.
Conclusión: Mi Casa, Mi Vida como punto de inflexión en la vivienda social brasileña
La decisión de impulsar viviendas sociales para personas sin hogar en Brasil a través del programa Mi Casa, Mi Vida supone un punto de inflexión en la política habitacional del país. Más allá de las cifras iniciales, el impacto real reside en su carácter estructural, obligatorio y acumulativo.
El reconocimiento explícito de que la vivienda es un derecho y una condición previa para la dignidad cambia el enfoque tradicional de la política social. Si la implementación logra combinar calidad urbana, acompañamiento social y continuidad presupuestaria, Brasil podría convertirse en referente regional en políticas de vivienda social inclusivas. El reto, como en tantas políticas públicas, ya no está en el anuncio, sino en la ejecución.
Preguntas frecuentes sobre Mi Casa, Mi Vida y las viviendas para personas sin hogar
El Gobierno brasileño ha establecido una reserva mínima obligatoria del 3 % de las nuevas viviendas del programa para personas y familias en situación de calle.
En la primera etapa se prevé la asignación de alrededor de 1.000 viviendas, distribuidas en 38 municipios prioritarios.
Sí. En esta modalidad del programa Mi Casa, Mi Vida, las viviendas están financiadas al 100 % por el Estado, sin coste para las personas beneficiarias.
Sí. La política incluye programas de reinserción social, atención sanitaria y seguimiento institucional, con el objetivo de evitar el retorno a la calle.
El programa Mi Casa, Mi Vida tiene como objetivo alcanzar casi 3 millones de viviendas contratadas para 2026, por lo que la reserva del 3 % se aplicará de forma progresiva durante los próximos años.
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