Chile pone precio a la seguridad hídrica: la desaladora de Coquimbo entra en su fase decisiva

Durante décadas, el agua fue tratada en Chile como un recurso abundante, casi garantizado por la geografía. Hoy, esa premisa ha saltado por los aires. La prolongada sequía estructural que afecta al norte y centro del país ha obligado a replantear el modelo hídrico completo. En ese contexto, la desaladora de Coquimbo ha dejado de ser un proyecto técnico para convertirse en una decisión política, económica y social de primer orden. No se trata solo de producir agua, sino de definir cuánto está dispuesto a pagar un país por su seguridad hídrica.

La entrada del proyecto en su fase decisiva —con ofertas económicas sobre la mesa y un modelo concesional ya delineado— marca un punto de no retorno. Coquimbo se transforma así en un laboratorio nacional: si la desalación urbana funciona aquí, se extenderá; si fracasa, el coste será difícil de justificar.

Una región al límite: por qué Coquimbo necesita desalar agua

La Región de Coquimbo acumula más de una década de déficit hídrico severo. Embalses bajo mínimos, acuíferos sobreexplotados y una presión creciente de la demanda urbana han creado una tormenta perfecta. La Serena, Coquimbo y Ovalle concentran población, actividad económica y turismo, pero dependen de fuentes cada vez más inestables.

Frente a este escenario, el Estado chileno optó por una solución que hasta ahora se reservaba casi en exclusiva a la minería: la desalación para consumo humano. No como complemento, sino como infraestructura estructural de abastecimiento. La desaladora de Coquimbo nace con esa ambición y con una advertencia implícita: el agua del futuro ya no será barata ni invisible.

Este proyecto se suma a una tendencia más amplia que ya hemos analizado en Habitaro al abordar la desalación urbana en Chile hacia 2026, donde varias ciudades costeras comienzan a asumir que el mar será su nueva fuente principal.

La desaladora de Coquimbo: qué se va a construir exactamente

La desaladora de Coquimbo está concebida como una infraestructura multipropósito de gran escala. En su fase inicial, la planta tendrá una capacidad aproximada de 800 litros por segundo, ampliable en el futuro hasta 1.200 l/s, suficiente para cubrir una parte sustancial del consumo urbano regional.

El proyecto incluye:

• Planta de ósmosis inversa en la franja costera
• Obras marítimas de captación y descarga
• Sistema de impulsión y conducción de casi 20 km
• Estanques de regulación de gran capacidad
• Integración con redes existentes de agua potable

La inversión estimada supera los 300 millones de dólares, bajo un modelo de concesión público-privada, lo que convierte a esta desaladora en un precedente para futuras infraestructuras hídricas del país.

El proceso está liderado por el Ministerio de Obras Públicas, dentro del sistema de concesiones, como se detalla en la información oficial del programa de concesiones del MOP.

El gran debate: cuánto cuesta realmente garantizar agua potable

Aquí es donde el proyecto deja de ser técnico y se vuelve incómodo. Porque desalar agua tiene un coste elevado y estructural. Diversos estudios sectoriales sitúan el coste base de producción del agua desalinizada en Chile entre 1 y 1,5 USD por metro cúbico, siempre que el consumo sea cercano a la costa.

Sin embargo, cuando entran en juego el bombeo, la distribución interior y la topografía, el precio puede multiplicarse hasta los 4 o incluso 5 USD/m³. En otras palabras: el agua desalada cuesta varias veces más que el agua superficial tradicional.

El propio análisis del mercado de desalación elaborado por organismos técnicos como ICEX —en colaboración con entidades chilenas— confirma que la energía representa entre el 30 % y el 50 % del coste operativo, lo que vincula directamente el precio del agua al precio de la electricidad y a la matriz energética.

Este punto conecta con otro debate estratégico que hemos abordado en profundidad: la crisis hídrica urbana y sus soluciones estructurales, donde la desalación aparece como solución, pero no como panacea.

¿Quién paga la seguridad hídrica? Tarifas, subsidios y concesiones

La pregunta es inevitable: ¿quién asumirá el coste de la desaladora de Coquimbo? El modelo concesional plantea un reparto complejo entre Estado, operador y usuarios finales. Aunque aún no se han publicado las tarifas definitivas, el precedente internacional indica que sin subsidio público, el impacto en la factura sería significativo.

Aquí se abre un dilema político:

• Si el coste se traslada íntegramente al usuario, el agua se encarece de forma sensible.
• Si el Estado subsidia, la seguridad hídrica pasa a competir con salud, educación o vivienda en los presupuestos.

La desaladora pone así precio a algo que durante décadas se dio por garantizado. Y lo hace de forma explícita, visible y difícil de esconder en la contabilidad pública.

Organizaciones del sector del agua, como la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, han advertido en distintos foros —recogidos por medios especializados como ACADES— que el éxito del modelo dependerá tanto de la ingeniería como de la aceptación social.

Impacto ambiental y energético: el otro coste que no aparece en la factura

Más allá del precio, la desaladora de Coquimbo enfrenta un escrutinio ambiental intenso. La captación de agua de mar, la descarga de salmuera y el consumo energético plantean riesgos que deben gestionarse con precisión.

Los estudios de impacto ambiental incorporan medidas de mitigación, como:

• Difusores para la salmuera
• Control de temperatura y salinidad
• Protección de ecosistemas marinos sensibles

Aun así, el debate sigue abierto. La desalación no es neutra, y su sostenibilidad depende en gran medida de cómo se integre con energías renovables. En este punto, la experiencia chilena es ambivalente: el país avanza rápido en renovables, pero aún no logra desacoplar completamente agua y energía fósil.

Este vínculo agua-energía convierte a la desaladora en una infraestructura estratégica, pero también vulnerable.

Coquimbo como precedente nacional (y advertencia para Latinoamérica)

Lo que ocurra en Coquimbo no se quedará en Coquimbo. Si el proyecto logra abastecer agua de forma fiable, con costes controlados y sin conflicto social, otras ciudades costeras seguirán el mismo camino. Valparaíso, Antofagasta urbana, incluso zonas del Biobío miran con atención.

Pero si el coste se dispara o la aceptación social falla, la desalación urbana quedará marcada como una solución técnicamente viable pero políticamente tóxica.

A escala regional, Chile se convierte en referente para Latinoamérica. Países como Perú, México o incluso Colombia observan este modelo para evaluar si la desalación puede saltar de la minería a la ciudad sin generar rechazo.

Conclusión: la desaladora de Coquimbo y el nuevo precio del agua

La desaladora de Coquimbo simboliza el fin de una era. El agua deja de ser un recurso implícito para convertirse en una infraestructura costosa, planificada y tarifada. No es solo una planta: es una señal de hacia dónde se dirige la gestión hídrica en un contexto de cambio climático irreversible.

Chile ha decidido poner precio a su seguridad hídrica. La pregunta ya no es si puede permitirse desalar agua, sino si puede permitirse no hacerlo. Coquimbo responderá primero. El resto del país tomará nota.

Preguntas frecuentes sobre la desaladora de Coquimbo