Chile aprueba protocolo para acelerar plantas de desalación urbana en 2026

La crisis hídrica 2025 obliga a revisar fast-track ambiental para ciudades del norte

Por qué la desalación urbana en Chile es ahora una prioridad nacional

La desalación urbana en Chile ha pasado de ser un proyecto a largo plazo a convertirse en una política de emergencia. La crisis hídrica de 2025 dejó embalses al límite y acuíferos sobreexplotados en Antofagasta, Tarapacá y Atacama. Esa situación obligó al Gobierno a admitir que los ajustes puntuales ya no bastan. Por ello, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) impulsa un protocolo que, desde 2026, acelerará la tramitación de plantas desaladoras destinadas al consumo urbano en las ciudades más expuestas.

Este giro se inscribe en un debate más amplio sobre crisis hídrica urbana, gobernanza del agua y derecho al acceso en un país que ya vive la mega-sequía como condición estructural.

El MOP mueve fichas: fast-track ambiental para proyectos urbanos

En noviembre de 2025, el Gobierno presentó un avance legislativo clave: el MOP defendió ante el Congreso una normativa que establece un marco regulatorio más claro para las plantas desaladoras y las concesiones marítimas asociadas. En su propio comunicado, el ministerio explica que se busca ordenar un sector que crecía de forma fragmentada y dar prioridad a las obras ligadas al consumo humano, como recoge el comunicado del MOP sobre avances legislativos en plantas desaladoras.

Sobre esa base se construye el protocolo 2026, que introduce una vía rápida para proyectos definidos como críticos para la seguridad hídrica urbana. La lógica es clara: que plantas destinadas a Antofagasta, Iquique, Copiapó o La Serena no se queden años atrapadas en trámites administrativos mientras las reservas siguen cayendo.

La Dirección General de Aguas y la Dirección General de Concesiones trabajan ya con escenarios de capacidad mínima y fechas estimadas de entrada en operación. También afinan proyecciones de demanda. El objetivo es claro: evitar que la sequía derive en racionamientos masivos en las principales ciudades del norte.

Antofagasta como modelo de seguridad hídrica en Chile

Antofagasta se ha convertido en el argumento más potente a favor de la desalación urbana en Chile. En marzo de 2025, la ciudad fue noticia cuando se confirmó que se había transformado en la primera urbe latinoamericana de más de 500.000 habitantes abastecida al 100 % con agua desalada, tal como detalló el reportaje de La Tercera sobre cómo Antofagasta se convierte en la primera ciudad de Latinoamérica abastecida 100 % con agua desalinizada.

Ese caso demuestra que el modelo de captación en la costa, tratamiento por ósmosis inversa, almacenamiento y conducción a gran escala funciona para uso urbano. Sin embargo, también revela la fragilidad del sistema: cualquier problema energético, fallo en la planta o conflicto en las concesiones puede comprometer el suministro completo de una ciudad.

Iquique, Alto Hospicio, Copiapó o Tocopilla miran ese precedente con una mezcla de esperanza y urgencia. El protocolo 2026 pretende que esas ciudades consoliden infraestructuras de desalación antes de entrar en un escenario límite.

Boom de plantas desaladoras urbanas y sus tensiones ambientales

Mientras la política se reordena, el sector vive un auténtico boom de proyectos desaladores. Un reportaje de IPS, titulado “Desalinización se multiplica en Chile, pero beneficia poco a los agricultores”, detalla que existen decenas de plantas planeadas para procesar agua de mar, con una inversión conjunta de miles de millones de dólares, pero con un foco todavía muy centrado en minería e industria.

Esta asimetría alimenta tensiones en el territorio: pequeñas comunidades rurales ven cómo el agua del mar se transforma en infraestructura para grandes compañías mientras ellas siguen dependiendo de camiones aljibe. Organizaciones ambientales y académicos recuerdan, además, que la desalinización no es neutra: genera salmuera, puede alterar ecosistemas marinos y exige un consumo eléctrico muy elevado.

Un análisis en El Desconcierto, recogido en el reportaje “Alertan sobre posible ‘nueva crisis hídrica’ costera por desaladoras en el norte”, advertía que, de las plantas desaladoras en operación o construcción, una gran parte se concentra entre Arica y Coquimbo y solo una minoría se destina a consumo humano. El riesgo, apuntan los investigadores, es pasar de la sobreexplotación de acuíferos a una “crisis hídrica en el mar y la costa” si no se regulan los vertidos y la ubicación de las captaciones.

El reto del protocolo 2026 será, por tanto, acelerar la desalación urbana en Chile sin repetir los errores de un modelo demasiado volcado en la lógica extractiva.

Qué cambia con el nuevo fast-track ambiental para la desalación

Aunque el detalle técnico completo del documento se sigue afinando, la arquitectura del protocolo apunta a cinco cambios clave para la desalación urbana en Chile:

1. Prioridad para el consumo humano

Los proyectos vinculados a empresas sanitarias y abastecimiento urbano pasarán a ser considerados infraestructura crítica. Eso significa prioridad en la evaluación ambiental y en la asignación de concesiones marítimas frente a iniciativas industriales o puramente privadas.

2. Evaluación ambiental concentrada y con plazos definidos

Hasta ahora, muchos proyectos se fragmentaban en múltiples trámites, lo que abría la puerta a retrasos y superposiciones. El protocolo integrará la información en un solo expediente, con hitos temporales más claros y compromisos explícitos de los servicios públicos para pronunciarse en plazo.

3. Ventanas de ingreso al SEIA

Se establecerán ventanas específicas de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para desaladoras urbanas. Esto permitirá procesar grupos de proyectos con criterios comparables y planificar mejor la carga de trabajo de los equipos evaluadores.

4. Energía renovable como condicionante

La desalinización es intensiva en energía. En un contexto en el que las ciudades avanzan hacia estándares de eficiencia y baja huella de carbono, el MOP quiere que las nuevas plantas urbanas se diseñen desde el inicio asociadas a matrices renovables. Aquí se conecta con debates ya presentes en Habitaro, como la relación entre infraestructura verde y habitabilidad urbana, la electrificación de servicios urbanos y la resiliencia ante el cambio climático.

5. Impulso a modelos público–privados

El protocolo facilitará esquemas de asociaciones público–privadas (APP) para financiar y operar plantas urbanas. En la práctica, esto abre espacio a concesiones de largo plazo en ciudades como Coquimbo–La Serena o Copiapó, donde el Estado quiere compartir riesgos financieros y garantizar estándares técnicos altos.

Perspectivas 2026: la desalación urbana en Chile ante el desafío climático

De cara a 2026, la pregunta central es si la desalación urbana en Chile será capaz de cerrar la brecha entre el discurso político y la realidad cotidiana del agua en el norte. Sobre el papel, el país tiene activos poderosos: experiencia en concesiones, recurso solar y eólico abundante, capacidades de ingeniería y casos de éxito como Antofagasta.

Pero el resultado final dependerá de tres decisiones concretas:

1. Distribución de capacidad: cuánto volumen se dirige realmente a ciudades y hogares, y cuánto sigue capturado por la minería.
2. Rigor ambiental: qué tan estrictos serán los criterios para ubicar tomas y emisarios submarinos, y cómo se monitorizarán los ecosistemas costeros afectados.
3. Reparto de costes: cómo se distribuyen las inversiones de la desalación en la tarifa del agua y qué parte asume el Estado para evitar impactos regresivos en los hogares más vulnerables.

Si el protocolo 2026 logra orientar el boom desalador hacia el abastecimiento humano y la protección de las costas, Chile puede consolidar una política hídrica robusta para las próximas décadas. Si no, la desalación corre el riesgo de convertirse en un nuevo factor de conflicto social y ambiental en el litoral norte.

Conclusión: la desalación urbana en Chile como política de Estado

La aprobación del protocolo marca un antes y un después. La desalación urbana en Chile deja de ser una suma de proyectos dispersos y empieza a configurarse como una política de Estado. Antofagasta ya demostró que una gran ciudad puede abastecerse totalmente con agua desalada. Ahora el desafío es replicar ese modelo con más equidad territorial y mayor rigor ambiental.

Lo que ocurra en 2026 será decisivo. Si el fast-track refuerza la seguridad hídrica de las ciudades, protege los ecosistemas costeros y aprovecha la energía renovable, la desalación puede convertirse en una gran aliada de la habitabilidad urbana en el norte. Pero si se limita a extender la lógica extractiva hacia el mar, será solo otro parche caro en un país que ya no puede permitirse soluciones a medias.

Preguntas frecuentes sobre la desalación urbana en Chile