Permisos exprés para desalar: la ley que puede recortar tres años a los proyectos clave
Chile quiere acelerar su revolución del agua. Una nueva ley de desalación en Chile promete reducir tres años de trámites para las plantas desalinizadoras, pero el dilema es claro: ¿podrá hacerlo sin sacrificar el equilibrio ambiental?
Chile acelera la desalación con una ley que promete reducir hasta tres años de permisos para nuevos proyectos hídricos.
En Chile, más de 50 proyectos de desalación esperan la ansiada luz verde que permita transformar el mar en agua dulce. Sin embargo, la burocracia ha sido, hasta ahora, el principal obstáculo para acelerar la transición hídrica. En medio de una crisis sin precedentes, el país da un paso decisivo: una nueva ley de desalación en Chile promete reducir hasta tres años de tramitación en los permisos ambientales y marítimos. La medida busca convertir la escasez en oportunidad, pero también abre un intenso debate sobre sostenibilidad, territorio y gobernanza ambiental.
Chile acelera su apuesta por el agua del mar
El boom de la desalación en Chile tiene su epicentro en el norte, donde la sequía avanza sin tregua. Regiones como Antofagasta, Atacama y Tarapacá concentran la mayoría de los proyectos, impulsados por la minería del cobre y la expansión urbana. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, existen 24 plantas desalinizadoras en operación y más de 30 proyectos activos en distintas fases de evaluación. En conjunto, podrían superar los 38.000 litros por segundo de capacidad instalada para 2028.
La tendencia es clara: el país está apostando por el agua del mar como fuente estructural. Pero el desafío logístico es inmenso. Las plantas requieren concesiones marítimas, estudios de impacto ambiental y coordinación con comunidades costeras. “El proceso de permisos podía demorar entre cuatro y seis años”, indica un informe técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se detalla cómo la nueva ley de desalación busca transformar ese cuello de botella en una ventaja competitiva.
En Antofagasta, la planta Coloso abastece a la mayor parte de la población urbana y minera. En Coquimbo, la instalación de Los Pelambres, con más de 2.000 millones de dólares de inversión, ya bombea agua desalada desde el mar a más de 1.800 metros de altura. Y en Atacama, el megaproyecto estatal promete asegurar agua potable a toda la región antes de 2026, como se explica en Desalinizadora en Atacama 2026: solución definitiva al agua.
La ingeniería de desalación ha dejado de ser un lujo minero para transformarse en una estrategia nacional de resiliencia hídrica.
Una ley para acortar los tiempos de tramitación
El Congreso de Chile aprobó en julio de 2025 una norma destinada a simplificar y unificar los procesos de evaluación ambiental y sectorial. Se trata de una ley de permisos exprés que, según el Gobierno, reducirá los plazos de aprobación entre un 30 % y un 70 % sin debilitar los estándares ambientales. Tal como adelantó Reuters, esta reforma permitirá que proyectos de inversión —incluidas las plantas desalinizadoras en Chile— avancen en menos de tres años, frente a los seis o más que demoraban antes.
En paralelo, se tramita un proyecto de ley específico de desalación que regulará por primera vez el uso del agua marina, las concesiones costeras y la descarga de salmuera. El texto legal, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, establece un procedimiento único coordinado entre el Ministerio del Medioambiente, Obras Públicas y Subpesca, con el objetivo de agilizar la tramitación sin relajar los controles ambientales.
La iniciativa responde a una realidad: la falta de normativa unificada había frenado decenas de proyectos de inversión. Como señaló La Tercera, el retraso promedio para una planta superaba los cinco años por trámites superpuestos y recursos judiciales.
Ahora, los proyectos contarán con un “permiso integral” que agrupa la concesión marítima, la autorización ambiental y los derechos de agua. Además, se fijarán plazos máximos de evaluación, obligando a los organismos públicos a responder en tiempos definidos.
El ahorro no es solo burocrático: también económico. Cada año de retraso puede suponer costes financieros millonarios en intereses y mantenimiento. Para los promotores, la nueva ley marca un punto de inflexión que podría desbloquear inversiones por más de 10.000 millones de dólares en la próxima década.
Oportunidades y desafíos para el sector construcción e ingeniería
La reforma ambiental y sectorial que impulsa la ley abre una ventana estratégica para la industria de la construcción y la ingeniería. El auge de la desalación está generando demanda de infraestructuras complejas, desde plantas costeras hasta acueductos que ascienden miles de metros hacia los yacimientos mineros o los centros urbanos del desierto.
Según la Asociación Chilena de Desalación (ACADES), la inversión en plantas y redes hídricas podría duplicarse entre 2025 y 2030, generando empleo y transferencia tecnológica. Esto significa contratos de diseño, obra civil, montaje electromecánico, tratamiento y almacenamiento de agua, así como servicios de operación y mantenimiento.
El caso de la planta SADDN de Tocopilla, desarrollada por IDE Technologies, es paradigmático: 160 kilómetros de tuberías que atraviesan el desierto hasta las minas a 3.000 metros de altitud. Un proyecto que exige conocimiento estructural, eficiencia energética y materiales de alto rendimiento.
Las oportunidades se extienden también al ámbito urbano. Con la llegada del agua desalada, ciudades como Copiapó o Caldera podrán proyectar nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos sin depender de acuíferos sobreexplotados. Como se analizó en Crisis hídrica urbana: ciudades ante la escasez de agua y soluciones innovadoras, la ingeniería ambiental será clave para integrar sistemas de bajo consumo, energías limpias y gestión responsable de residuos salinos.
Sin embargo, la ley de desalación en Chile también plantea desafíos. El primero, garantizar la calidad de los estudios ambientales pese a los plazos más breves. El segundo, asegurar la aceptación social, especialmente en comunidades costeras e indígenas que temen el impacto sobre los ecosistemas marinos. Y el tercero, mitigar la huella energética: la desalación es intensiva en consumo eléctrico, por lo que su integración con fuentes renovables será determinante.
La experiencia demuestra que agilizar no significa simplificar, sino coordinar mejor. Y el éxito de esta ley dependerá de cómo logre equilibrar rapidez con rigor técnico y ambiental.
Conclusión – Desalación y desarrollo sostenible: el equilibrio pendiente
La ley de desalación en Chile simboliza un giro de modernización institucional. No se trata solo de acelerar proyectos, sino de repensar el modelo hídrico del país. Chile enfrenta un dilema: su seguridad del agua depende de tecnologías de alta energía y alto costo, pero también de decisiones normativas inteligentes y sostenibles.
El boom de la desalación en Chile puede convertir al país en referente latinoamericano si logra evitar errores comunes: licencias fragmentadas, conflictos locales o impactos ambientales irreversibles. La clave estará en la gobernanza: instituciones técnicas sólidas, participación ciudadana y planificación territorial.
La construcción, la ingeniería y la arquitectura tienen aquí un papel fundamental. No solo deben diseñar plantas y tuberías, sino ciudades resilientes que se adapten a la nueva geografía hídrica del desierto costero. En palabras del Ministerio de Ciencia, “la desalación debe ser una herramienta de resiliencia, no una excusa para seguir consumiendo más agua”.
Chile se enfrenta a una oportunidad histórica: convertir el mar en motor de desarrollo, sin perder de vista el equilibrio ecológico. Si la implementación es eficaz, esta reforma podría acortar tres años de trámites, pero también acercar al país a una nueva era de gestión sostenible del agua.
Preguntas frecuentes
Actualmente hay más de 50 proyectos en carpeta, según Infraestructura Pública, de los cuales unos 30 están activos. En conjunto, podrían alcanzar una capacidad de 38.000 l/s, concentrados principalmente en el norte del país.
La nueva ley de desalación en Chile busca reducir los tiempos de tramitación hasta en tres años, integrando los permisos ambientales, marítimos y de agua en un solo proceso. Su objetivo es agilizar la inversión y responder a la crisis hídrica, sin rebajar los estándares de evaluación.
Antofagasta, Atacama y Tarapacá lideran la inversión gracias a la minería, mientras que Coquimbo y Valparaíso impulsan proyectos urbanos y de abastecimiento. Estas zonas concentran el grueso del “boom de la desalación en Chile”, según La Tercera y la Biblioteca del Congreso Nacional.